Al perder la mayoría parlamentaria, Balmaceda debió nombrar gabinetes acordes con la nueva distribución de las fuerzas políticas, lo que duro hasta enero de 1890, en que nombro un gabinete de marcado carácter presidencial, puesto que el congreso había aprobado las leyes periódicas de ese año. El ministerio era encabezado por Adolfo Ibáñez, y tenía la peculiaridad de ser el primer gabinete con integración militar de Balmaceda, con el general José Velásquez como ministro de guerra, lo que significaría el inicio de la politización del ejército y su subsiguiente división durante la guerra civil.[2]
El 30 de mayo se reformo el gabinete, nombrándose a Sanfuentes ministro del interior, cuestión que enardeció a la oposición parlamentaria, quienes echaron mano del aplazamiento de la discusión de la Ley de Presupuestos de 1891, para provocar el cambio de los ministerios por otro de corte parlamentario.[3]
Los parlamentarios esperan acusar constitucionalmente al gabinete de Sanfuentes, puesto que en tal situación, la constitución establecía que el presidente no podía modificar el ministerio y después de seis meses podía encontrarse incluso inhabilitado para gobernar.
Ante tal presión, el presidente preparo un plan con sus ministros y militares cercanos, para disolver el congreso e instalar la dictadura.[4] El golpe de estado se evito con la intervención del arzobispo Mariano Casanova,[5] quien logro un acuerdo entre gobierno y oposición para aprobar la ley de contribuciones, con la condición de nombrar en su gabinete de carácter parlamentario.[6] Este fue el ministerio de Belisario Prats, que no tenía integración militar y significo una última tregua entre los poderes en pugna,[7] pero fue disuelto por el problema de las futuras elecciones presidenciales y las insoslayables diferencias entre el presidente y su ministro del interior.[8] En octubre de 1890 nombro un gabinete de carácter presidencial, con Claudio Vicuña como ministro del interior. Para evitar la acusación constitucional, Balmaceda clausuro las sesiones extraordinarias del congreso, a pesar de que no se habían aprobado las leyes de presupuesto.[9]
Por otra parte, los niveles de odio político se acrecentaban, y se podía observar a través de la prensa. Además de las acusaciones de tirano que le hacían a Balmaceda, también atacaban su persona, se decía que tenia un “mezquino espíritu de venganza”,[10] de lanzar contra la sociedad una banda de asesinos infames, reclutados “en los arrabales y en las cárceles”.[11] Se le acusaba de tener apariencias delicadas y facciones de mujerzuela,[12] cuestionándose además su salud mental.[13]
El presidente Balmaceda también atacaba a los “judíos y revolucionarios”, que habían osado levantarse contra él.[14]
Ambas partes se negaron a ceder, por lo que al llegar el año 1891, Balmaceda estableció por decreto la prórroga de los presupuestos del año anterior (1 de enero). Esto condujo a la crisis institucional, el Congreso Nacional declaró al Presidente fuera de la ley, a lo que Balmaceda respondió instaurando la dictadura, asumiendo todo el poder publico necesario para la administración y gobierno del estado y el mantenimiento del orden interior.[15]
Apoyándose en la Armada, liderada por el capitán de navío Jorge Montt Álvarez, y parte del ejército, el Congreso se trasladó a Iquique y desde allí dirigió la guerra contra el Presidente, quien era apoyado por parte del Ejército.
El presidente hizo público el siguiente decreto:
Que el congreso no ha despachado oportunamente la ley de presupuestos para le presente año;
Que no es posible, que mientras se promulga dicha ley, suspender lo servicios públicos y la seguridad exterior de la república, decreto:
Balmaceda se salía de la constitución al traspasar sus facultades. Paralelamente los congresistas rebeldes lanzan un manifiesto que dice:
1º Que el Presidente de la República, don José Manuel Balmaceda, está absolutamente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su cargo, y, en consecuencia, que cesa en él desde este día;
2º Que están igualmente imposibilitados para reemplazarlo en ese cargo sus Ministros del Despacho y los consejeros de Estado que han sido sus cómplices en los atentados contra el orden constitucional.
Y, en consecuencia, designamos a don Jorge Montt para que coadyuve a la acción del Congreso, a fin de restablecer el imperio de la Constitución.
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